“Los
números son las vísceras de la sociedad”, escribió Raúl Scalabrini Ortiz en su
libro “Política británica en el Río de la Plata”. Los números no mienten. Fríos y distantes, con su radiografía
existencial que muchas veces molesta, son los encargados de reflejar con
claridad una situación. Es su precisión la que permite entender ciertos sucesos
y la mayoría de las veces traducen lo que muchos prefieren omitir. Pero, a
pesar de la desdicha de los que quieren evitarlos, siempre manifestarán la
realidad.
Es lo
que sucede con la violencia en el fútbol argentino. Son los números, con sus
impactantes cifras, los que reflejan un flagelo que se reproduce: 269 muertos
se registran en el fútbol argentino desde 1924, fecha del primer deceso registrado;
168 de esas muertes se produjeron durante el mandato de Julio Humberto Grondona
en la Asociación del Fútbol Argentino, quien gobierna en la sede de Viamonte
1366 desde el 6 de abril de 1979; alrededor del 50% del total de fallecimientos
ha tenido lugar desde el año 1990, época en la que se consolidó el poder de las
barras bravas; una de cada tres de esas muertes se produjeron fuera de los
estadios e incluso durante la semana y en lo que va del 2012 se han registrado
diez víctimas fatales.
Fútbol,
violencia S.A es la consigna utilizada por la ONG Salvemos al Fútbol para
trazar la industria basada en el negocio del fútbol y todos sus correlatos,
entre ellos el incremento de la violencia en los estadios. Es ese lema en el
que mejor retrata a la problemática que se profundiza con el correr de los años
y en el documental realizado por Pablo Tesoriere, denominado justamente Fútbol,
violencia S.A, es en donde se visibiliza claramente que detrás de la pasión
popular que despierta el fútbol se esconden fuertes intereses que atraviesan a
diversos actores sociales.
Mientras
el fútbol argentino se ve manchado e infectado por la violencia que perpetra el
negocio de los barras bravas sostenidos por las cúpulas directivas de las
instituciones futbolísticas, Mónica Nizzardo y el ex juez Mariano Berges, junto
a un importante número de voluntarios que colaboran con Salvemos al Fútbol, y
Liliana García, presidenta de Familiares Víctimas del Fútbol Argentino (FAVIFA)
y madre de Daniel, un joven asesinado el 11 de julio de 1995 por barras de
Morón y Tigre durante la Copa América de Uruguay, crimen que continúa impune
como tantos otros, luchan para erradicar la impunidad, la corrupción y la
violencia en el fútbol.
Un oasis
en medio de un perverso sistema que abarca políticos, funcionarios, jueces,
sindicalistas, policías, dirigentes de clubes y la propia AFA. Pero mientras
ellos apuestan por un cambio profundo en el sistema futbolístico argentino, las
políticas de Estado brillan por su ausencia.
“La
violencia en el fútbol tiene múltiples determinaciones e involucra a una
pluralidad de responsables e intereses. Pero no hay solución posible si se
pretende abordar la violencia en el fútbol únicamente como un problema
policial, sin tener en cuenta al resto de los factores involucrados”, manifestó
Nilda Garré, Ministra de Seguridad de la Nación. A la vez que aclaró que
“algunos dirigentes perdieron capacidad de conducir sus clubes. Otros,
dirigentes y futbolistas también, se fotografían con los barras de manera
desafiante, mostrando la promiscuidad con esos violentos”.
Por su
parte, la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, en la
presentación del nuevo sistema de seguridad electrónico que se pondrá en marcha
en los estadios, manifestó que “si al tema de la violencia lo circunscribimos
únicamente a algunos grupitos vamos a equivocarnos y no vamos a darle una
verdadera respuesta al problema, que tiene que ver más con cosas que pasan
fuera de la cancha, que son las más graves y no adentro". A la vez que
remarcó: "Últimamente se recargó mucho el tema de violencia en el fútbol,
barrabravas e hinchadas y creo que en algunos casos fue con alguna
intencionalidad política. Con este sistema estamos incorporando un elemento más
a la seguridad en el fútbol, que es la responsabilidad de los clubes”.
A esta
altura de las circunstancias está más que claro que, salvo excepciones bien
marcadas, en el fútbol argentino no hay dirigentes que luchen contra la
violencia en el fútbol. Con Julio Grondona a la cabeza, los encargados de manejarlo
miran hacia otro lado cuando de erradicar la violencia se trata.
Pero
también otros sectores actúan en complicidad con los violentos. Los organismos
de seguridad (Policía, COPROSEDE) y justicia no actúan como corresponde. La
impunidad sigue reinando y las políticas de Estado brillan por su ausencia. La
nula actuación ante los aprietes por parte de la barra de Independiente a su
presidente Javier Cantero y la absolución de Rafael Di Zeo, junto a otros
catorce barras de Boca Juniors, del juicio por asociación ilícita ponen de
manifiesto la complicidad con la que se actúa.
“Un
brote entre las piedras” fue el título con el que encabezó su artículo el
periodista Gustavo Veiga al referirse a Javier Cantero. Desde el inicio de su
gestión, el presidente de Independiente ha optado por hacerle frente a los
barras bravas que han crecido gracias connivencias de las anteriores
administraciones. Un brote de esperanza que renace y le hace frente al espurio
sistema dominado por los violentos que se benefician con los usufructos que les
otorga el negocio del fútbol.
Cantero,
cofundador de la agrupación Independiente Místico en 2008, dijo antes de las
elecciones que lo proclamaron vencedor en diciembre de 2011 que “hace falta
convicción y actitud para erradicar a la barra y la vamos a tener porque
nuestro objetivo es cuidar al hincha verdadero”. A siete meses de su arribo a
la entidad de Avellaneda encabeza una cruzada que ha producido una importante
repercusión social, aunque lamentablemente, por el momento, no ha surtido
efecto en los otros dirigentes futbolísticos. Sin embargo, la aparición de
Javier Cantero en la estructura del fútbol argentino demuestra que no todo está
perdido.
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